Así comienza la narración de Jorge, quien permanece en la Unidad de Conductas
Adictivas del Instituto de Neurociencias. Sus compañeros lo escuchan. Lo miran.
Y, cuando él cuenta que comenzó en las drogas por curiosidad, al menos tres
voces en la sala dicen a la vez: “Me identifico”. Tuvieron inicios similares,
repiten esa frase cada vez que hay coincidencias entre sus experiencias y las de
quien está exponiendo sus vivencias. Jorge continúa: “Tenía 14 años y para mí
era difícil conseguir la hierba que me consumía”.
Desde ahí, y por doce años, consumió todo tipo de marihuana. Y las menciona:
“He probado la chola, la cripi, la skunk, la punto rojo, la púrpura y la
hidropónica. Además, cinco veces usé cocaína; y una vez LSD”. El instructor lo
interrumpe. Le pregunta: “¿Qué te parece que sea legal portar, por ejemplo, diez
gramos de marihuana o dos de base de cocaína?” Él y sus 17 compañeros responden,
casi a una voz: “¿Tanta? Viviremos entre zombies”, dice Ángel, cuya voz es la
última en escucharse.
“Con diez gramos me salen siquiera veinte chafos (cigarros). A mí me serviría
para usarlo en una semana porque la marihuana no es mi droga fuerte”, insiste
Ángel, un adicto a la cocaína que le cuenta al grupo que tiene muchísimos amigos
(de todos los niveles sociales) que usan drogas; y “ni uno que no lo haga”.
Adicciones como la de Jorge y Ángel son consideradas, según el artículo 364
de la Constitución, “un problema de salud pública”; el que, además, indica que
“al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información,
prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes
y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación...;...en ningún
caso se permitirá su criminalización, ni se vulnerarán sus derechos...”.
Fuente: El Universo
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